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Liliana Pineda, Ángel G.Manchado, Ángel del Castillo y Manuel Rico 16.05.2017
"La manipulación en Telemadrid era solo una pata más de la corrupción"
  • Este martes, ATTAC Madrid organizó la jornada 'De la Privatización a la Corrupción'
  • El 'Tamayazo' fue "el origen de los males de Telemadrid y de la democracia en Madrid", afirma Ángel G. Manchado uno de los afectados por la gestión de la televisión pública
  • La abogada Liliana Pineda destacó que en los servicios públicos no cabe el lucro, porque en la gestión de lo público la rentabilidad no debe ser un requisito
Tania Martínez Tomás
17 de Mayo del 2017 a las 17:08
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Este martes se celebró en Madrid un nuevo ContrATTACando, organizado por ATTAC Madrid en la sede del Club de Amigos de la Unesco. De la privatización de servicios públicos, la opacidad en las instituciones, las formas de control de los medios de comunicación, de los corruptos y sus redes, hablaron el coordinador de ATTAC Madrid, Ángel del Castillo, el director de infoLibre, Manuel Rico, el representante de la Asociación de Afectados por la Gestión de la Televisión Pública Madrileña (AGTPM) Ángel García Manchado, y la abogada Liliana Pineda, miembro de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II.

El 'caso Lezo' fue el tema principal del coloquio, pues las corruptelas de su protagonista, Ignacio González, son bien conocidas por todos los ponentes. Manuel Rico publicó hace diez años las primeras informaciones sobre la construcción y explotación del campo de golf del Canal de Isabel II. En la revista Tiempo, de la que fue subdirector entre 2005 y 2007, Rico desvelaba las adjudicaciones sospechosas realizadas por el entonces poco conocido expresidente de la Comunidad de Madrid, ahora encarcelado en Soto del Real.

Concesiones millonarias a empresas de amigos y familiares del entonces presidente del Canal de Isabel II motivaron las denuncias de los vecinos de la Asociación Parque Sí en Chamberí, que rechazaron la construcción del complejo deportivo que incluía el campo de golf. También en el diario Público, cuando era redactor jefe de Política, Rico informó sobre las oscuras gestiones de González. Por esas publicaciones Rico recibió una querella por parte de Ignacio González en la que este le reclamaba 600.000 euros por atentar contra su honor.

En publicaciones recientes de infoLibre, el director del diario digital explica cómo el que fue fiscal superior de Madrid entre 2003 y 2015 (el actual fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix) evitó la investigación sobre el entramado societario creado por el entorno de González para beneficiarse de la construcción del campo de golf construido sobre los antiguos depósitos de agua del Canal. La denuncia de los vecinos de Chamberí fue archivada. Así, gracias a Moix, González pudo seguir presuntamente llenándose los bolsillos a costa del saqueo de las instituciones durante ocho años más. Tal como ha explicado infoLibre, la denuncia que Moix archivó en 2009 refleja el entramado empresarial por el que el juez Eloy Velasco envió el pasado 21 de abril a Ignacio González a prisión provisional.


"El 'Tamayazo' fue el origen de los males de la democracia en Madrid"

El 'Tamayazo’ que facilitó que Esperanza Aguirre y sus ‘hombres de confianza’ se hicieran con la gestión de la Comunidad de Madrid, fue “el origen de los males de Telemadrid y de la democracia en Madrid”, recordó en su intervención de este martes Ángel García Manchado, uno de los afectados por la gestión de Telemadrid que acabó en el ERE que en enero de 2013 dejó en la calle a 861 trabajadores de la televisión pública.

En 2004, los trabajadores de Telemadrid movilizados ante la manipulación informativa y el lucro privado desde una gestión que debía ser pública, ya pedían el cese del director de informativos. “La manipulación era solo una pata más de la corrupción”, asegura García Manchado. En 2004 crearon un Consejo Provisional de Redacción, y dos años después la plataforma Salvemos Telemadrid. La investigación en la que se enzarzaron los trabajadores les llevó a la conclusión de que, presuntamente, gracias a la gestión de Ignacio González, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, se hacía con las licencias locales de TDT de la Comunidad, además de recibir millones de euros de dinero público por vender contenidos a Telemadrid y cobrar por los derechos de emisión.

En 2005, para que Telemadrid pudiera adjudicar contratos sin que tuvieran que pasar los controles oportunos por superar el techo de gasto, Esperanza Aguirre subió el límite máximo de contratación, de 150.000 a 600.000 euros. La opacidad, la mejor aliada de la corrupción, estaba así asegurada.

Los despedidos de la cadena madrileña, constituidos ya en la AGTPM, continuaron con la investigación y en julio de 2013 presentaron su informe a la Fiscalía de Málaga. Se encontraron entonces con que el fiscal Eduardo Fungairiño, el mismo que desestimó las denuncias sobre el caso del Yak-42, no vio delito ni indicios para abrir una investigación judicial. Más trabas a la Justicia que hicieron que González pudiera seguir actuando impunemente.

Además, “la corrupción necesita el silencio de los medios de comunicación, o su complicidad” señalaba el representante de Salvemos Telemadrid. El problema de la publicidad institucional, que inyecta grandes cantidades en los medios, fue especialmente señalado en esta reunión como otra de las piedras en el camino para destapar y frenar la corrupción. García Manchado quiso destacar que, al no contar con ella, infoLibre pudo con total independencia publicar en octubre de 2013 (año de nacimiento del medio) que Telemadrid y Caja Madrid contrataron derechos del fútbol por 270 millones sabiendo que era una operación ruinosa, entre otros temas 'espinosos'.

Los afectados por el ERE de Telemadrid no se rindieron ante el ‘no’ del fiscal Fungairiño, y en 2015 la AGTPM constituida dos años antes se personó como acusación popular en el 'caso Ático'.

La abogada Liliana Pineda hizo un trabajo fundamental en la investigación y en la denuncia de los trabajadores del ente público que finalmente ha llevado a González frente a la Justicia, así como en las averiguaciones y denuncias sobre el saqueo del Canal de Isabel II. Pineda expuso en la jornada de este martes la mecánica presuntamente corrupta que el expresidente de la Comunidad siguió como gestor de la empresa pública. Una gestión por la que también está siendo investigado


"Las dinámicas y redes corruptas se repiten y se extienden"

La abogada destacó que en los servicios públicos no cabe el lucro, porque en la gestión de lo público la rentabilidad no debe ser un requisito. Pero además quiso subrayar que “lo público (per se) no es garantía de nada”, necesita gestión pública que a su vez, para serlo, es imprescindible que sea vigilada. De lo contrario, aseguró Pineda, "las dinámicas y redes corruptas se repiten y se extienden", porque las normas del derecho privado permiten desocializar las instituciones poniéndolas en unas pocas manos.

En el caso del Canal, afirmó Pineda, los responsables de su gestión han trabajado para la privatización de la empresa y no han dejado de actuar para asegurar la opacidad de sus movimientos. “Se permitió que la empresa pública creara fundaciones o asociaciones”, a través de las que lucrarse, asegura la abogada, que nombró como ejemplo de opacidad y arbitrariedad por el que empezaron a haber sospechas e investigaciones el 'caso Inassa' (destapado hace siete años). En la misma pieza de la investigación del 'caso Lezo' está la compra de la sociedad Emissao Engenharia e Construçoes a través de una firma offshore radicada en Uruguay, Soluciones Andinas de Aguas SRL. 

Pineda denunció que “gente que por méritos tendría que entrar a puestos de responsabilidad en empresas públicas (como el Canal),  pasa unos meses como becaria y la echan”, porque la dirección está blindada.

En 2013, la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II denunció más de 70.000 cortes de agua a familias de Madrid. “El servicio de agua es una tasa, no una tarifa, por eso cortarlo es ilegal”, aclaró la jurista citando la sentencia del Tribunal Supremo que así lo estipula.

Para que el servicio sea público, “una renovación de los gobernantes no es suficiente”, aseguró Pineda criticando que mientras la dinámica conocida hasta ahora siga siendo permitida por la “ingeniería institucional”, el problema seguirá latente. Del modelo que la Plataforma contra la Privatización propone para el Canal, destacó la necesidad de una redefinición institucional, la eliminación de las sociedades anónimas para dar paso a una entidad de derecho público con mecanismos de control sobre su gestión y “que se eliminen discrecionalidades y se haga una auditoría” sobre las adjudicaciones.

Entre los asistentes al coloquio había miembros de la asociación Parque Sí en Chamberí. Una de ellas intervino tras las ponencias para señalar que sin el movimiento vecinal que se formó en torno a las protestas contra el campo de golf no hubieran aguantado estos diez años de lucha. “Eso da mucha esperanza”, afirmaba una vecina al hablar de los grupos que se organizaron para presionar. En este sentido, Manuel Rico reivindicó que contra la corrupción “hay que dar la batalla en todos los frentes”, en la calle y en los juzgados, porque “los corruptos tocan todas las estructuras de poder” y dejar de hacerlo les da a ellos la impunidad. 

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